El texto denuncia que el despoblamiento rural es consecuencia de políticas públicas que han concentrado población y recursos en áreas urbanas, sin que las estrategias estatales, autonómicas o europeas hayan logrado revertir la tendencia («no han logrado frenar siquiera mínimamente el éxodo rural»).

Defiende que las Diputaciones, por su proximidad al territorio, deben asumir competencias expresas frente al reto demográfico y contar con un sistema de financiación más justo que corrija la desigualdad actual.

Propone reformar la LBRL, modificar la elección de diputados provinciales y actualizar la participación en los ingresos del Estado, incorporando factores como envejecimiento, dispersión y extensión territorial. Reclama recuperar un “canon energético” que compense a las provincias productoras de energía y garantice un verdadero retorno al territorio de los beneficios de las renovables.

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